¿Espías sin control? Así se dejan vigilar (o no) los servicios de inteligencia en otros países

La controversia nunca ha estado lejos de los poderosos servicios de inteligencia en Estados Unidos. El escándalo del Watergate no solo costó la presidencia a Richard Nixon: abrió las compuertas de las cloacas y la comisión Church desveló los abusos de programas del FBI como COINTELPRO, con el que se espió desde al KKK hasta al Partido Comunista o los Panteras Negras, y de otros de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) como Operación Shamrock y el proyecto Minaret, que pusieron en la diana del espionaje, entre otros, a líderes de derechos civiles como Martin Luther King.

Tras aquella hecatombe el Congreso aprobó la creación de comités permanentes de supervisión del espionaje en las dos cámaras. Se aprobó también la Foreign Service Intelligence Act (FISA), que Jimmy Carter firmó en 1978 y por la que se creó también un tribunal especial que revisa y decide sobre las peticiones de espionaje de agencias del orden y agencias como el FBI y la NSA. La FISA ha sido enmendada varias veces.

La principal ampliación de las capacidades de espionaje del Gobierno llegó con los atentados del 11-S y la aprobación de la polémica Ley Patriota, que dio luz verde al espionaje también de estadounidenses. Pese al control judicial y legislativo, las revelaciones de Edward Snowden en 2013 probaron los excesos y abusos de la NSA.

Ahora, como alertan organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, se vive un momento en que la vigilancia gubernamental se alimenta, además, de la vigilancia de las grandes corporaciones tecnológicas.

Respecto al polémico programa Pegasus, en enero The New York Times reveló que el FBI lo probó durante años y lo compró, así como otro programa de NSO llamado Phantom, con objetivo de usarlo en vigilancia nacional, aunque el FBI asegura que el año pasado descartó desplegar las herramientas.

La CIA y la NSA tienen su propia tecnología de vigilancia pero, según el Times, otras agencias del Gobierno, incluyendo en el Ejército y en el Departamento de Justicia, han comprado "spyware" de compañías privadas. IDOYA NOAIN